Aunque se trata de estudios a nivel nacional se pueden
trasladar sus conclusiones a nivel local
Encuestas realizadas en España, Francia, Italia y EE.UU sobre
la confianza ciudadana en las instituciones políticas, y socio-económicas, señalan datos
francamente preocupantes, especialmente sobre El
desplome de la política.
El grave descrédito de la vida pública en estos cuatro países contrasta fuertemente con la alta estima en todos ellos por las pymes, la escuela pública, la policía, el sistema público de salud o las fuerzas armadas. Solamente los bancos obtienen porcentajes de aprobación tan mínimos como los de las instituciones políticas, probablemente porque para el ciudadano medio se aparecen como cooperadores necesarios, o incluso como causantes últimos, del actual desastre económico.
Especialmente preocupante me
parecen que los bajos porcentajes de aceptación de los partidos políticos. Se
trata de que solo la decima parte de la ciudadanía tienen confianza en los
pilares de la democracia, y que estos,
los partidos políticos, miran para otro
lado y parecen decirnos con aire de suficiencia: o nosotros o el caos.
Parece que una gran culpa de esa
baja confianza la tiene la cada vez más gravosa evidencia de una corrupción
política que es “relevante, general y recurrente”. Además la confluencia de
tres factores que se refuerzan mutuamente, resulta particularmente dañina para
esta ya doliente democracia.
Primer factor, como afirma el 95% de la
ciudadanía, los partidos, por una malentendida solidaridad, tienden a tapar y
proteger a aquellos de sus militantes probada o potencialmente corruptos en vez
de investigarles, denunciarles y expulsarles.
Segundo factor, la
lentitud con que la Justicia se ve forzada a actuar en este tipo de casos (como
señala el 92%) por su escasez de recursos —materiales y humanos— y por las
peculiaridades del actual sistema procesal que permite a los imputados marear
impunemente, y por tiempo indefinido, al juez que les investiga.
Tercer
factor, porque
el sistema electoral vigente admite que los imputados puedan figurar en las
listas electorales (¡hasta algo más de cien lo hicieron en las últimas
elecciones municipales y autonómicas!).
Remedios
para la amplia mayoría de los españoles:
Poder tachar nombres de las
listas, para un 85%.
Elecciones primarias para la
selección de líderes, para un 79%.
Limitación temporal del mandato
de los dirigentes de los partidos, para un 83%.
Creación
de una jurisdicción especial, ágil y bien equipada, para casos de especial
gravedad económica o política, para un 89%.
Medidas quizá complejas pero no
imposibles, y que parecen ya insoslayables para la regeneración de esta
democracia… y que son absurdamente boicoteadas por los partidos políticos. Mejor dicho por los dirigentes de esos
partidos que buscan perpetuarse en el poder.
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